Editorial El País| La democracia prevalecerá

La declaración de independencia aprobada por el pleno del Parlament catalán ha desencadenado la crisis constitucional más grave que ha enfrentado la democracia española en sus cuarenta años de existencia. La capacidad desestabilizadora de la actual situación supera a la que supuso el golpe de estado de 1981 o el terrorismo. La amenaza que esa declaración de independencia proyecta sobre nuestra democracia no se origina en la sinrazón de unos pocos exaltados, sino en algo de tanta gravedad como que un Gobierno y Parlamento autonómico, además de alzarse contra la Constitución, alienten una insurrección popular y, además, llamen a la comunidad internacional a reconocer su ruptura unilateral.

Al amparo del artículo 155 de la Constitución, el Senado, a instancias del Gobierno de la Nación, y con el apoyo del Partido Popular, el PSOE y Ciudadanos, ha aprobado la puesta en marcha de una serie de medidas, incluido el cese del Govern y la disolución del Parlament, destinadas a restaurar la legalidad constitucional. Y lo ha hecho, de forma legal y transparente, por una mayoría clara y legítima de 214 senadores: justo lo contrario de lo que hemos visto en un Parlament sometido, otra vez, a un espectáculo vergonzoso, incluyendo una patética votación secreta donde los secesionistas no han logrado, con sus 70 votos, alcanzar ni siquiera el umbral de mayoría cualificada necesario para reformar el Estatut de Autonomía.

El secesionismo ha consumado su farsa como ha hecho siempre: saltándose las normas y aplastando a las minorías a su paso. Es de lamentar que los representantes tradicionales del catalanismo, que ha traído a Cataluña sus mejores años, se hayan arrojado en brazos de una fuerza antisistema y antieuropea como la CUP. Esa extraña coalición, henchida de populismo, ha preferido, antes que reconocer el fracaso de su proyecto y sus tensiones internas lanzarse a un conflicto con el Estado.

Las medidas previstas en el artículo 155 no representan una agresión, ni al autogobierno ni a los derechos y libertades de los catalanes. Al contrario, son la respuesta legítima y necesaria del Estado de derecho al desafío planteado por unos líderes políticos irresponsables y temerarios que han decidido alzarse contra la Constitución y el Estatuto de Autonomía.

No cabe mayor vileza, y así lo hemos visto en los últimos años día tras día, que servirse fraudulentamente de las instituciones para degradarlas y anularlas. Por eso, además de las actuaciones políticas que el Gobierno ya ha puesto en marcha, es imprescindible exigir que la justicia actúe con todo rigor contra las personas que han protagonizado, a sabiendas y con plena conciencia, esta lamentable declaración de independencia.

Estamos en un momento de extraordinaria gravedad ante el cual no puede haber dudas, titubeos ni equidistancias. Las actuaciones pasadas, errores u omisiones que puedan contribuir a explicar los antecedentes de esta penosa situación, que seguramente serán muchos y variados, pasan ahora un segundo plano. Porque la decisión de declarar la independencia por parte del Govern presidido por Puigdemont y los grupos parlamentarios de Junts pel Sí y la CUP, supone una agresión de tan enorme calibre a la democracia que con tanto esfuerzo se ha logrado construir en este país, que lo único que queda a los demócratas es, después de mostrar su pesar por una voladura tan gratuita de la convivencia, actuar con máxima diligencia y eficacia para restaurar el orden constitucional de forma inmediata.

El Estado, porque actúa en nombre de los ciudadanos y de la democracia, puede y debe triunfar en esta tarea, y debe hacerlo de una forma clara y con plena confianza en sí mismo. En el camino que empieza ahora, tan delicado como difícil de completar, no se deben albergar dudas sobre la vigencia de la Constitución y el futuro de la convivencia. El Gobierno cuenta para ello con el apoyo de todos los ciudadanos que quieren seguir viviendo en una democracia que merezca tal nombre, además del apoyo de la comunidad internacional y de sus socios europeos, que han mostrado repetidamente su solidaridad y preocupación ante el disparatado intento de forzar una separación unilateral de España. La democracia española, con el apoyo de todos, va a prevalecer. Y va a lograr devolver las instituciones del autogobierno a los catalanes.

Con la disolución del Parlamento y el adelanto electoral al 21 de diciembre Rajoy hace lo que debió hacer Puigdemont pero no se atrevió. Acredita así que el uso del artículo 155 no restringe los derechos de los parlamentarios ni de los ciudadanos que los eligen y obtiene el apoyo de los demócratas dentro de España y en toda Europa. Y abre la vía para una resolución rápida, legal y legítima de la crisis de acuerdo con el principio democrático del voto del que algunos querían escapar.