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Contraloría abre proceso de responsabilidad fiscal contra el exgobernador de Córdoba

El proceso se inició por más de mil millones de pesos que se pagaron por terapias médicas inexistentes.

Alejandro Lyons, exgobernador de Córdoba. Foto: Colprensa

Alejandro Lyons, exgobernador de Córdoba. Foto: Colprensa(Thot)

A través de un comunicado de prensa, la Contraloría General de la República confirmó que abrió un proceso de responsabilidad fiscal en contra del exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons, por $1.345 millones de pesos por el pago de terapias médicas que al parecer no se realizaron.

El máximo organismo de control fiscal vinculó a dicho proceso al exsecretario de Salud de Córdoba, Edwin Preciado Lorduy, quien se encuentra en la cárcel por su presunta vinculación en el cartel de la hemofilia. De igual forma, se requirieron a la representante legal de la Ips Funtierra Rehabilitación, Tania Margareth Otero, y al exauditor Juan David Náder, quien está procesado por los millonarios desvíos del sector de la salud en Córdoba.

Este es el famoso caso de corrupción conocido como el cartel del “síndrome de down”, por el cual la Gobernación de Córdoba, en cabeza de Alejandro Lyons, habría girado millonarios recursos a la Ips Funtierra Rehabilitación por tratamientos para niños especiales, los cuales no se ejecutaron debidamente.

De acuerdo con el informe, los hechos irregulares que dieron origen a los procesos de responsabilidad fiscal se habrían dado entre mayo y septiembre del año 2015.

Según lo establecido, la Ips Funtierra recibió pagos que alcanzaron los $6. 262 millones de pesos y fueron autorizados por la secretaría de Salud de Córdoba por tratamientos que incluían terapias como: ocupacional, fonoaudiológica, de integración sensoriomotriz y miofuncional. Lo cual, según la Contraloría, no fue justificado debidamente, pues de acuerdo con el documento aportado por las directivas de dicha Ips, no se encontraron estudios económicos o valores unitarios que respaldaran las cantidades y exagerados precios pagados.

La Contraloría, habría evidenciado, además, que las terapias no se pagaban individualmente sino por paquetes (entre 50 y 100 tratamientos).

Sin embargo, al haberse practicado supuestamente las primeras 50 terapias, independientemente de que el médico hubiese ordenado 80 o 100, el pago correspondía a la totalidad del paquete, es decir, 100 tratamientos.

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